El modelo de custodia compartida, no es incompatible con otorgar pensión de alimentos, lejos de la creencia de muchos progenitores. Cuando las circunstancias económicas de ambos progenitores no son igualitarias, siendo que uno de ellos se queda en situación económica más precaria, es factible otorgar este tipo de pensión.

Así, el juez, en virtud de lo que se establece en el art 93 de nuestro Código Civil, puede determinar la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y puede adoptar las medias convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento.

Es más, también establece ese artículo, que “si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que carecieran de ingresos propios, el Juez, en la misma resolución, fijará los alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes de este Código”.

Con esto se pretende garantizar y, cubrir las necesidades básicas de habitación, sustento, asistencia médica de los hijos. También se incluye en los alimentos, la educación e instrucción del alimentista, mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.

Resumiendo: en casos de desproporción económica entre uno y otro progenitor, debidamente probada, es factible fijar pensión de alimentos en régimen de custodia compartida. La cuantía de estos alimentos será proporcionada al caudal de quien los da, y a las necesidades de quien los recibe. Los alimentos se disminuirán (o incluso se extinguirán) o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que se de en las necesidades del alimentista  y la fortuna del que hubiera de satisfacerlos.

¿Qué más ítems se tienen en cuenta para otorgar la pensión de alimentos en régimen de custodia compartida? Además de la proporcionalidad de ingresos de ambos progenitores, debe estudiarse la situación económica, profesional y familiar del progenitor más desafortunado a nivel económico, las necesidades de los hijos en común, y cualquier otra circunstancia que afecte directamente al caso concreto.

Todo ello sin olvidar, que prima el bienestar y los intereses de los menores, pudiendo ello significar que el progenitor que tenga más posibilidades económicas, vea incrementadas sus responsabilidades económicas.

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